Ushuaia | Prefectura certificó seguridad total del puerto y puso en duda la intervención nacional
Redacción - 20 abril, 2026
La Prefectura Naval Argentina firmó el 14 de enero de 2026 un aval que confirmó el cumplimiento pleno de normas internacionales en el Puerto de Ushuaia, apenas días antes de que el Gobierno nacional dispusiera su intervención. El documento mantuvo vigencia hasta octubre de 2029.
El 22 de enero de 2026, la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) intervino la terminal fueguina tras argumentar fallas críticas de seguridad y falta de inversión. Sin embargo, una semana antes, la Prefectura emitió la Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria, que acreditó que el sistema local respetó estándares del Convenio SOLAS y del Código PBIP, exigidos a nivel global.
Certificación vigente y controles activos
El certificado confirmó que el puerto operó con vigilancia permanente, control de accesos y protocolos activos ante distintos niveles de alerta. También validó la capacidad de respuesta del personal y la realización de evaluaciones de riesgo que ubicaron a la terminal dentro de parámetros seguros para la operatoria internacional.
La constancia, firmada por el prefecto mayor Carlos Eduardo Córdoba, incluyó un dato llamativo: se trató de un duplicado emitido tras el extravío del original, situación registrada en un expediente oficial. Aun así, mantuvo validez plena y extendió su vigencia hasta 2029, lo que reforzó la idea de una estructura de seguridad consolidada.
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Choque institucional y dudas abiertas
El contraste entre ambos diagnósticos abrió un conflicto entre organismos: mientras la ANPYN justificó la intervención por supuestas vulnerabilidades, la Prefectura —autoridad técnica ante la Organización Marítima Internacional— certificó que el sistema funcionó conforme a normas internacionales.
La situación impactó en un enclave estratégico: el Puerto de Ushuaia funciona como principal puerta logística hacia la Antártida, con operaciones de cruceros, carga y flota pesquera. La existencia de un certificado vigente planteó interrogantes sobre los fundamentos técnicos de la medida y abrió la posibilidad de reclamos legales de operadores internacionales.
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