Río Negro | Weretilneck aseguró que no detectaron propiedades en manos de sociedades extranjeras
Redacción - 29 mayo, 2026
El gobernador sostuvo que los titulares de tierras en la provincia son sociedades argentinas. La discusión volvió a escena tras un proyecto legislativo que buscó anular una operación sobre más de 14.600 hectáreas en la zona cordillerana.
El gobernador Alberto Weretilneck afirmó que la provincia no registró títulos de propiedad en manos de sociedades extranjeras y defendió el esquema vigente para el control de tierras en territorio rionegrino. La declaración surgió en medio de una nueva controversia por la adquisición de 14.689 hectáreas en la región andina, una operación que derivó en un proyecto legislativo impulsado por la legisladora Magdalena Odarda.
El Gobierno defendió los controles vigentes
Durante una actividad en Bariloche, Weretilneck remarcó que la legislación actual exige que los propietarios sean sociedades argentinas y aseguró que el Estado provincial no detectó incumplimientos bajo ese marco normativo. También señaló que cualquier modificación dependerá de los cambios que eventualmente apruebe el Congreso nacional respecto de la legislación sobre tierras rurales y propiedad extranjera.
El mandatario recordó además antecedentes vinculados a la recuperación de tierras fiscales en Río Negro. En ese sentido mencionó la restitución al patrimonio provincial de más de 24.000 hectáreas de la Meseta de Somuncurá, luego de que una investigación legislativa concluyera que esas adjudicaciones se concretaron mediante mecanismos irregulares. Según indicó, aquella intervención permitió revertir operaciones que habían afectado bienes públicos provinciales.
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Un proyecto apuntó a una compra financiada desde Emiratos Árabes
La polémica volvió a instalarse tras la presentación de una iniciativa legislativa que buscó declarar la nulidad de una operación inmobiliaria sobre 14.689 hectáreas ubicadas en zona de frontera. La propuesta tomó como base declaraciones realizadas en una causa judicial en Bariloche, donde se sostuvo que la compra se concretó con fondos provenientes de los Emiratos Árabes Unidos.
El proyecto promovido por Odarda pidió que la Fiscalía de Estado avance con una acción judicial para revisar la legalidad de la operación y recuperar el inmueble para el patrimonio provincial. La legisladora argumentó que determinadas sociedades y fideicomisos actuaron como intermediarios para facilitar adquisiciones vinculadas a intereses extranjeros, mientras cuestionó la falta de controles sobre tierras que incluyen recursos estratégicos como agua dulce, sectores del bosque andino patagónico y áreas de alto valor ambiental.
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