Tierra del Fuego | Impulsan concesionar senderos de trekking y fijan reglas para ordenar el uso en zonas naturales

El legislador Matías Lapadula, del espacio Provincia Grande, presentó una propuesta que estableció la posibilidad de concesionar senderos y circuitos de trekking con alta circulación. El texto definió que los concesionarios deberán garantizar infraestructura básica, señalización, sanitarios, estacionamientos e ingresos seguros, siempre bajo criterios de sustentabilidad ambiental y supervisión estatal. La iniciativa buscó dar un marco normativo a una actividad que registró un crecimiento sostenido y que hoy operó, en muchos casos, sin regulación específica.

Además, el proyecto delimitó que la autoridad de aplicación fijará condiciones técnicas, ambientales y de seguridad para cada concesión, con el objetivo de asegurar el uso responsable de los espacios naturales. También previó mecanismos de control para verificar el cumplimiento de las obligaciones y la protección de los ecosistemas intervenidos.

Deterioro ambiental y presión sobre los senderos

En los fundamentos, la iniciativa advirtió que el uso intensivo y desordenado provocó erosión del suelo, degradación de la vegetación nativa, alteración de hábitats y afectación de la fauna, junto con una creciente acumulación de residuos en áreas protegidas y no protegidas. El texto señaló que la presión sobre ciertos circuitos superó la capacidad de carga de los ambientes, lo que aceleró procesos de deterioro.

También remarcó que la ausencia de reglas claras y de una autoridad con herramientas específicas dificultó la preservación de estos entornos. En ese contexto, planteó la necesidad de establecer un esquema que combine regulación, servicios e inversión en infraestructura, con criterios de conservación.

El proyecto sostuvo que el sistema de concesiones permitirá ordenar los flujos de visitantes, establecer cupos si resultan necesarios y mejorar las condiciones de seguridad, además de facilitar tareas de mantenimiento y control en zonas de difícil acceso.

Servicios, control estatal y experiencia del visitante

La propuesta indicó que las concesiones deberán garantizar servicios compatibles con el cuidado ambiental, lo que incluyó sanitarios adecuados, puntos de descanso, señalización interpretativa y accesos controlados. También previó la instalación de estacionamientos organizados y áreas de ingreso seguras, para evitar impactos en zonas sensibles.

Según el texto, este esquema contribuirá a elevar la calidad de la experiencia turística, al ofrecer recorridos más seguros, mejor señalizados y con servicios básicos disponibles. A la vez, permitirá reducir la carga operativa directa sobre el Estado, que hoy afronta limitaciones para sostener el mantenimiento permanente de estos espacios.

El proyecto destacó que la intervención privada se realizará bajo control estatal permanente, con pautas claras sobre conservación, uso del suelo y límites de intervención. De este modo, buscó equilibrar la actividad turística con la protección ambiental.

Estructura normativa y alcances

La iniciativa incluyó ocho capítulos y dieciséis artículos, donde abordó el objeto de la ley, su alcance, definiciones, autorizaciones y limitaciones. También estableció deberes, reglas de conducta y responsabilidades individuales para quienes utilicen los senderos.

El articulado definió el rol de la autoridad de aplicación, sus facultades y los mecanismos de fiscalización. Además, incorporó un régimen de infracciones y sanciones, junto con los principios rectores que deberán guiar la implementación de las concesiones y los servicios asociados.

En el artículo 13, el texto autorizó al Poder Ejecutivo a concesionar senderos y áreas de alto tránsito, con el fin de ejecutar obras de infraestructura, proteger y conservar el ambiente, instalar sanitarios, organizar accesos y proveer servicios al visitante en condiciones compatibles con el entorno natural.

Infracciones y sanciones previstas

El proyecto detalló un conjunto de conductas que se considerarán infracciones. Entre ellas, incluyó la realización de actividades en zonas no habilitadas sin autorización, la falta de seguro obligatorio, el abandono de residuos y cualquier acción que implique daño al ambiente natural o a la infraestructura, como grafitis o intervenciones indebidas.

También prohibió el encendido de fuego en cualquier circunstancia, dada su incidencia en la degradación ambiental y el riesgo de incendios. Estas faltas quedarán sujetas a un régimen de sanciones que la autoridad de aplicación deberá reglamentar, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas y la preservación de los espacios naturales.

El proyecto sostuvo que la combinación de regulación, servicios e infraestructura permitirá ordenar la actividad, reducir impactos y asegurar que el uso de los senderos resulte compatible con la conservación a largo plazo.