Río Negro | La Ley 4738 abrió el debate sobre el rol del Estado en la minería
Redacción - 10 marzo, 2026
La norma sancionada en 2011 por la Legislatura provincial derogó restricciones previas y creó el Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera (Co.P.E.A.M.), con el objetivo de establecer controles ambientales y permitir el aprovechamiento regulado de los recursos minerales.
La aprobación de la Ley 4738 marcó un punto de inflexión en la política minera de Río Negro. La norma planteó un cambio de enfoque: abandonar el esquema prohibicionista y avanzar hacia un sistema en el que el Estado provincial recuperara la capacidad de planificar, regular y controlar la actividad minera, una actividad históricamente vinculada al desarrollo productivo de la provincia.
La discusión también remitía a antecedentes de peso. En la década de 1970, durante la gestión del gobernador Mario Franco y con impulso previo del gobernador Edgardo Castello, la explotación del yacimiento de hierro de Sierra Grande había colocado a Río Negro entre las principales provincias mineras del país.
El nuevo marco institucional
La ley impulsada al inicio del gobierno de Carlos Soria, a fines de 2011, creó el Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera (Co.P.E.A.M.), un organismo destinado a analizar proyectos y establecer condiciones ambientales para su desarrollo. Al mismo tiempo, la norma eliminó prohibiciones que impedían el aprovechamiento integral de los recursos minerales de la provincia.
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Desde la perspectiva de quienes impulsaron el proyecto, el objetivo era establecer reglas claras, controles efectivos y una presencia estatal activa. La premisa central sostenía que el mayor riesgo ambiental no surgía de la actividad en sí misma, sino de su desarrollo sin marcos regulatorios que disciplinaran y supervisaran los procesos productivos.
Un debate político intenso
La sanción de la ley se concretó con el apoyo de legisladores del peronismo y del Frente Grande, entre ellos Carlos Peralta, César Miguel, Arabela Carreras, Rubén Torres, Ricardo Arroyo, Silvia Horne, Martín Doñate y Alejandro Marinao, junto a otros representantes del oficialismo de ese momento.
En la votación también se registró la oposición de quince legisladores, entre ellos Bautista Mendioroz, Leonardo Ballester, Adrián Casadei, Daniela Agostino, Darío Berardi, Magdalena Odarda y Facundo López, además de dos ausencias durante la sesión.
Reacciones y consecuencias
Tras la aprobación de la norma se desató una fuerte reacción pública. Algunos de los legisladores que acompañaron la iniciativa denunciaron campañas de escrache y agresiones en espacios públicos, en medio de un clima político de alta tensión.
Tres días después de la sanción de la ley, la provincia atravesó un hecho que marcó profundamente su vida institucional: la muerte del gobernador Carlos Soria. Con el paso de los años, el debate sobre la ley quedó asociado a la discusión sobre el papel del Estado en la regulación de la actividad minera y el desarrollo productivo de la Región Sur.
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