Ushuaia | Detectaron irregularidades en obras del Cerro Martial y vincularon el impacto con el arroyo Buena Esperanza
Redacción - 31 marzo, 2026
El dictamen de la Fiscalía de Estado advirtió fallas en el control ambiental del proyecto Parque Glaciar Martial. Confirmó alteraciones sostenidas en la calidad del agua y exigió reforzar la fiscalización sobre una cuenca clave para el abastecimiento.
La Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego concluyó que las obras en el Cerro Martial registraron controles, pero presentó deficiencias significativas que obligaron a endurecer la supervisión. El expediente se abrió tras una denuncia de la asociación Mane’kenk en enero, que señaló posibles daños en un área de alta sensibilidad ambiental vinculada al suministro de agua de Ushuaia.
Controles insuficientes y alteración del agua
El informe oficial indicó que organismos como la DPOSS y la Secretaría de Ambiente realizaron monitoreos, aunque esos controles no lograron evitar episodios reiterados de deterioro en el arroyo Buena Esperanza. Los registros técnicos detectaron desde 2025 niveles inusuales de turbiedad, con picos durante las horas de mayor actividad en la zona.
Esa situación obligó a modificar la operación del sistema de agua potable: la DPOSS mezcló caudales con el arroyo Grande, lo que elevó costos y tensionó el funcionamiento de un servicio esencial. Aunque los informes no atribuyeron de forma exclusiva el problema a las obras, el dictamen reconoció una relación directa entre las intervenciones y la degradación del recurso hídrico.
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Irregularidades y exigencia de mayor control
La Fiscalía documentó incumplimientos concretos en la ejecución de los trabajos: excavaciones sin autorización, alteración de cauces, intervención de márgenes sin protección y circulación de maquinaria dentro del arroyo, con arrastre de sedimentos. Si bien algunas fallas se corrigieron, persistieron problemas vinculados a la protección del recurso hídrico.
El organismo cuestionó el carácter reactivo del control estatal y planteó que el Estado deberá aplicar fiscalización preventiva y sostenida, además de avanzar con sumarios ante infracciones. También advirtió que la falta de procedimientos formales podría derivar en responsabilidades si se agravan los impactos ambientales o el servicio de agua.
El arroyo Buena Esperanza, de origen glaciar y eje del abastecimiento local, presenta alta fragilidad ambiental, por lo que cualquier intervención impacta de forma inmediata en la calidad del agua. En ese marco, la Fiscalía sostuvo que el desarrollo turístico deberá sostener estándares ambientales estrictos para garantizar la sostenibilidad del sistema y del propio proyecto.
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