Chubut | Prohíben celulares en cárceles y refuerzan controles de seguridad
Redacción - 10 abril, 2026
La Legislatura sancionó una ley que establece la prohibición total de celulares y dispositivos electrónicos en unidades de detención, con el objetivo de mejorar la seguridad. La norma incluye controles estrictos, secuestro inmediato de equipos y sistemas de comunicación institucional para los internos, garantizando el contacto con familiares y defensores.
La Legislatura del Chubut aprobó una ley que prohíbe de manera expresa el uso y la tenencia de teléfonos celulares en cárceles y centros de detención de toda la provincia.
La medida alcanza a cualquier dispositivo con capacidad de comunicación o conexión a internet, incluyendo smartphones, tablets, notebooks, módems portátiles y relojes inteligentes.
En ese marco, el gobernador Ignacio Torres celebró la sanción de la norma y fue contundente sobre su alcance: “Se terminaron los call centers del delito”, afirmó, al referirse a las maniobras delictivas organizadas desde unidades penitenciarias.
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La normativa se aplicará en establecimientos penitenciarios, comisarías, alcaidías y centros de detención transitoria, e incluso a detenidos por causas provinciales alojados en cárceles federales.
Uno de los puntos centrales es que, ante la detección de un dispositivo, las autoridades deberán proceder a su secuestro inmediato, dejando constancia del procedimiento y dando intervención a la Justicia si corresponde.
Además, se establecen controles permanentes y auditorías en las unidades para evitar el ingreso y circulación de estos equipos.
En otro tramo de su mensaje, el mandatario provincial sostuvo que la medida apunta a terminar con “las estafas, las extorsiones y las oficinas remotas del delito manejadas desde una cárcel”, y remarcó que Chubut se posiciona entre las primeras provincias en avanzar en este tipo de regulaciones.
La ley también contempla la instalación de inhibidores de señal, con el objetivo de impedir comunicaciones clandestinas dentro de los establecimientos, aunque bajo condiciones técnicas que eviten afectar zonas externas.
En paralelo, la norma garantiza el derecho a la comunicación de las personas privadas de libertad mediante sistemas institucionales controlados, que solo permitirán llamadas de voz, sin acceso a internet, redes sociales o mensajería.
El incumplimiento de estas disposiciones será considerado una falta grave, tanto para internos como para personal que facilite el uso de dispositivos prohibidos.
Desde el Gobierno provincial indicaron que la medida busca reforzar la seguridad del sistema penitenciario y evitar la comisión de delitos desde el interior de las unidades.
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