Villa La Angostura | Se frustró un desalojo mapuche y creció la disputa por la propiedad de 625 hectáreas
Redacción - 14 abril, 2026
El operativo ordenado para el 30 de marzo no se concretó y abrió cuestionamientos judiciales y políticos. Comunidades denunciaron irregularidades legales y apuntaron a una venta a una sociedad sin dueños visibles.
El intento de desalojo sobre las comunidades Melo y Quintriqueo no se ejecutó en Villa La Angostura, pese a la orden del juez Francisco Astoul Bonorino. La medida, que afectaba un territorio de 625 hectáreas en El Pedregoso, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, quedó envuelta en denuncias de ilegalidad y tensiones que arrastran más de una década.
Cuestionamientos al operativo
Desde la comunidad, la lonco Amancay Quintriqueo afirmó que el procedimiento careció de validación formal y no contó con los protocolos necesarios. Sostuvo que el desalojo no podía ejecutarse sin presencia policial suficiente ni garantías legales, y aseguró que lograron frenar una medida que consideraron ilegal.
El conflicto se remonta a los años 70, cuando un alambrado impidió el acceso a tierras utilizadas históricamente por la comunidad. Según su planteo, la ocupación tiene carácter ancestral, mientras que la titularidad formal se encuentra en disputa y aún no se resolvió en la Justicia.
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Disputa judicial y sospechas sobre la propiedad
La causa registró al menos seis intentos de desalojo desde 2011 y sumó un elemento clave: la presunta venta del terreno a la sociedad anónima El Totoral, cuyos propietarios no se conocen públicamente. A pesar de ello, el proceso avanzó con base en un interdicto de recobrar, una figura que restituye la posesión sin definir la propiedad.
El abogado de la comunidad, Luis Virgilio Sánchez, presentó la nulidad de las actuaciones y denunció que el juzgado impulsó medidas sin notificar a las partes, lo que vulneró el derecho de defensa. También cuestionó el avance simultáneo de causas que podrían afectar el resultado del litigio y advirtió sobre un posible trasfondo político en la disputa.
La defensa solicitó frenar el desalojo, unificar las causas y avanzar en una resolución integral sobre la propiedad. El conflicto expuso dos posiciones enfrentadas: la de propietarios formales privados y la de una ocupación comunitaria que reclama reconocimiento legal.
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