La reforma de la Ley de Glaciares reabrió la disputa entre minería, control ambiental y reservas de agua
Redacción - 19 mayo, 2026
La modificación aprobada por el Congreso limitó la protección a glaciares con “función hídrica efectiva” y transfirió mayor control a las provincias. El debate volvió a enfrentar desarrollo minero, riesgo ambiental y manejo de recursos hídricos estratégicos.
La reforma de la Ley 26.639 de Protección de Glaciares volvió a instalar una fuerte discusión política, ambiental y técnica en torno a la actividad minera en la cordillera argentina. La modificación aprobada en febrero de 2026 por la Cámara de Diputados de la Nación introdujo cambios centrales sobre el alcance de la protección ambiental y el rol de las provincias en el control de los recursos.
El nuevo esquema estableció que la protección quedará limitada a glaciares y geoformas periglaciales que demuestren una “función hídrica efectiva”, es decir, un aporte comprobable de agua dulce. Además, la reforma transfirió mayor responsabilidad a las provincias sobre el manejo y fiscalización de esos territorios. Hasta ahora, la legislación protegía de manera integral todos los glaciares y ambientes periglaciales sin importar tamaño o productividad hídrica.
La discusión volvió a cruzar intereses económicos y preservación ambiental en provincias con fuerte actividad minera como Catamarca, San Juan, Santa Cruz, Jujuy y Salta, donde avanzaron proyectos vinculados al oro, cobre, plata y litio. El eje técnico del debate pasó por determinar qué actividades pueden convivir con ecosistemas considerados estratégicos para las reservas de agua dulce.
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Advirtieron riesgos sobre reservas hídricas y controles ambientales
Uno de los principales cuestionamientos apuntó al concepto de “función hídrica efectiva”, ya que especialistas remarcaron que muchos ambientes periglaciales actúan como reservas estratégicas durante períodos de sequía extrema aunque no aporten agua de manera constante. Según el análisis técnico, limitar la protección a mediciones inmediatas podría habilitar intervenciones sobre ecosistemas que continúan siendo claves para la resiliencia hídrica.
El debate también puso el foco sobre los riesgos asociados a la minería a cielo abierto y especialmente sobre los diques de cola, donde se almacenan residuos contaminantes derivados del procesamiento minero. En regiones cordilleranas atravesadas por actividad sísmica, especialistas advirtieron que fallas estructurales o filtraciones podrían afectar la calidad del agua aguas abajo y comprometer cuencas enteras.
Desde el sector ambiental remarcaron además que el crecimiento de la demanda global de minerales para energías limpias obligará a fortalecer controles técnicos, evaluaciones de impacto ambiental y mecanismos de fiscalización independientes. El planteo central giró sobre una pregunta que atraviesa a toda la región: cómo sostener el desarrollo minero sin poner en riesgo el patrimonio hídrico que abastece a distintas provincias argentinas.
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