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La Pampa | Advirtieron que la reforma de la Ley de Glaciares afectará el acceso al agua en provincias aguas abajo

Redacción - 27 marzo, 2026

El exfuncionario Néstor Lastiri expuso en audiencia pública y cuestionó el impulso del proyecto. Señaló que hubo más de 108 mil inscriptos para participar y denunció escasa apertura al debate.

El exsecretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Néstor “Chamaco” Lastiri, intervino en la audiencia pública por la modificación de la Ley de Glaciares y alertó sobre las consecuencias para las provincias aguas abajo. Sostuvo que la reforma implicó riesgos directos sobre el acceso al agua y apuntó contra el avance de intereses vinculados a la actividad minera.

 

Durante su exposición, remarcó que la provincia depende de los glaciares cordilleranos para garantizar su disponibilidad hídrica. En ese sentido, planteó que el proyecto otorgó mayor control a las jurisdicciones de origen, lo que impactó en territorios como La Pampa, atravesados por conflictos históricos como el del río Atuel.

 

Impacto en el sistema hídrico

Lastiri sostuvo que la modificación de la ley representó un perjuicio directo para la vida y los derechos humanos básicos, al comprometer el acceso al agua en provincias ubicadas aguas abajo. Advirtió que la iniciativa respondió a intereses económicos ligados a empresas mineras, con respaldo político en distritos cordilleranos.

 

También cuestionó que el avance del proyecto se mantuvo pese a la resistencia social. Según señaló, incluso en las provincias impulsoras existieron sectores de la población que expresaron su rechazo a la reforma.

 

Críticas al proceso de audiencia

El exfuncionario planteó que el desarrollo de las audiencias reflejó una baja disposición a incorporar las voces ciudadanas. Indicó que la participación se limitó a exposiciones breves, pese a la magnitud del interés público que generó el tema.

 

En ese marco, destacó que se registraron más de 108.000 inscriptos para intervenir en el proceso, un volumen inédito para este tipo de instancias. Consideró que esa cifra evidenció una demanda social amplia por defender los recursos hídricos, frente a decisiones que, según sostuvo, priorizaron intereses sectoriales.