Chubut | Preparan la primera subasta de bienes decomisados en causas de corrupción

La medida será posible a partir de la puesta en funcionamiento de la Agencia de Administración de Bienes Producto del Delito, un organismo creado por ley en la provincia pero que hasta ahora no se encontraba operativo. La entidad tendrá la responsabilidad de administrar, preservar y disponer de los bienes decomisados en causas judiciales, definiendo su destino final mediante subastas públicas, asignación a organismos estatales o donación a instituciones sociales.

El anuncio fue confirmado por el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi, quien explicó que la primera subasta podría realizarse en menos de un mes, una vez finalizados los procesos de tasación y los procedimientos administrativos necesarios.

“Estos bienes decomisados, ya sea vehículos, casas o terrenos producto de delitos de corrupción, tienen que transformarse en recursos para la sociedad chubutense”, señaló el funcionario en declaraciones a FM El Chubut, al remarcar que la iniciativa busca recuperar activos obtenidos de manera ilícita y destinarlos a inversiones públicas.

La decisión de activar esta herramienta se tomó al inicio de la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, con el objetivo de darle un destino social a los bienes vinculados a delitos contra la administración pública, transformándolos en recursos para financiar obras, equipamiento o programas de desarrollo.

Según se informó, el inventario de los bienes que podrían ser subastados fue elaborado en los últimos años por el Ministerio Público Fiscal en conjunto con el Superior Tribunal de Justicia, y actualmente se encuentra en proceso de tasación para determinar su valor de mercado.

Entre los bienes incluidos en el listado se encuentran vehículos, viviendas y terrenos, considerados los activos de mayor valor económico que podrían formar parte del primer remate público.

En paralelo, otros elementos de menor valor, como equipos electrónicos u objetos diversos, continuarán siendo destinados a escuelas, organizaciones sociales u otras instituciones públicas, mientras que algunos bienes también podrían permanecer en uso dentro del propio Estado, particularmente en dependencias judiciales, policiales o del Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo con estimaciones oficiales, la recaudación inicial podría superar los 1.500 millones de dólares, aunque el monto final dependerá de las ofertas que se presenten durante el proceso de subasta.

Con esta iniciativa, el Gobierno provincial busca establecer un mecanismo permanente para recuperar bienes vinculados a delitos y reintegrarlos a la sociedad en forma de inversión pública, fortaleciendo al mismo tiempo las políticas de transparencia y administración de los recursos del Estado.