Santa Cruz | El Gobierno defendió un financiamiento de US$600 millones para ejecutar 82 obras

El ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes, defendió ante una comisión de la Legislatura de Santa Cruz el proyecto de Ley de Financiamiento Estratégico, que autorizó la búsqueda de hasta US$600 millones para infraestructura, desarrollo productivo y administración de pasivos. La exposición se extendió por más de cinco horas y contó con la participación de la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, junto a funcionarios del área económica y de organismos provinciales.

Cómo se financiarán las obras

Durante la presentación, el equipo económico explicó que el esquema combinará US$375 millones provenientes de la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y otros US$225 millones mediante colocaciones en el mercado de capitales. Según detallaron, el financiamiento multilateral tendrá plazos de hasta 25 años, con cuatro años de gracia, mientras que los bonos prevén un horizonte de 12 años y un período inicial de gracia de tres años.

Verbes sostuvo que la decisión de buscar financiamiento en dólares respondió a criterios técnicos vinculados a las condiciones actuales del mercado. Según explicó, las provincias que acceden a crédito en pesos enfrentan tasas que oscilan entre el 57% y el 65% anual, mientras que Santa Cruz proyectó financiamiento cercano al 9% anual para bonos y alrededor del 5% anual para créditos multilaterales. El Gobierno también remarcó que una parte importante de las regalías hidrocarburíferas y mineras ingresa en dólares, lo que fortalece la capacidad de repago de la provincia.

El plan incluyó 82 obras y casi 39.000 empleos

La propuesta contempló 82 obras prioritarias distribuidas en 20 localidades, con inversiones en energía, salud, educación, turismo, infraestructura vial, viviendas, hospitales, escuelas, gasoductos, acueductos y redes eléctricas. Los proyectos se organizaron en tres grandes ejes: Educación y Salud, Turismo Sustentable y Energía y Desarrollo Productivo.

El Ejecutivo provincial estimó que el programa generará alrededor de 38.823 puestos de trabajo directos e indirectos y movilizará inversiones privadas superiores a US$1.125 millones. Además, aseguró que el financiamiento utilizará apenas el 17% del margen legal de endeudamiento permitido por la normativa nacional. El proyecto también estableció controles legislativos, auditorías del Tribunal de Cuentas, mecanismos de trazabilidad financiera y la prohibición expresa de destinar fondos a salarios, gastos corrientes o funcionamiento administrativo del Estado.