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Río Gallegos | La Justicia dio 20 días al municipio para presentar un plan y evitar sanciones por el basural

Redacción - 23 abril, 2026

El juez Marcelo Bersanelli exigió un informe con metas medibles y cronograma tras una audiencia por el vaciadero a cielo abierto. Ambiente ratificó incumplimientos y mantuvo la vía sancionatoria.

La Justicia ordenó al municipio de Río Gallegos presentar en 20 días hábiles un plan detallado para revertir la situación del basural a cielo abierto, en el marco de un amparo colectivo impulsado por vecinos. El juez Marcelo Bersanelli fijó condiciones concretas y dejó abierta la posibilidad de sanciones si no se acreditan avances.

 

Plazo judicial y exigencias técnicas

El requerimiento incluyó la presentación de metas claras, plazos definidos y un cronograma de implementación progresiva, además de medidas para mitigar el impacto en los barrios cercanos. La Secretaría de Estado de Ambiente confirmó que el municipio es el responsable de erradicar el predio y advirtió que el incumplimiento habilitará multas o clausura.

 

Durante la audiencia, representantes del área ambiental y de la Fiscalía de Estado sostuvieron que el procedimiento administrativo seguirá vigente. También rechazaron el planteo municipal para frenar el proceso y ratificaron el ejercicio del poder de policía ambiental sobre el caso.

 

Incumplimientos y posible sanción

El secretario Diego Procopio afirmó que el municipio no logró justificar su accionar y remarcó la necesidad de incorporar indicadores verificables y control sobre los residuos. Entre los puntos clave, exigió un balance de masas que permita medir ingreso, tratamiento y destino final.

 

El basural fue señalado por su impacto ambiental y sanitario, con efectos sobre suelo, aire y napas. El informe oficial ya había advertido que el predio incumple la normativa vigente y debe ser erradicado, una demanda que también respaldaron vecinos con reclamos formales.

 

Si el municipio no presenta un plan consistente dentro del plazo, la causa avanzará hacia sanciones económicas o clausura del predio, lo que obligará a redefinir el sistema de gestión de residuos en la ciudad.