Río Negro | La Legislatura aprobó un canon del 1% para las hidroeléctricas y desató críticas de la oposición
Redacción - 12 junio, 2026
La norma autorizó el uso del agua del río Limay para las concesionarias de Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila. El oficialismo aseguró que los ingresos podrán superar los 40 millones de dólares anuales, mientras la oposición cuestionó el bajo porcentaje fijado.
La Legislatura de Río Negro aprobó el proyecto impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck que estableció una retribución económica por el uso del recurso hídrico provincial por parte de las empresas hidroeléctricas del Comahue. La iniciativa fijó un canon equivalente al 1% de la facturación obtenida por las ventas al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y obtuvo sanción definitiva con 40 votos afirmativos y 4 negativos en la votación general.
El oficialismo defendió la recaudación y el fondo hídrico
Desde el bloque de Juntos Somos Río Negro, la legisladora Lorena Yensen sostuvo que la ley consolidó derechos provinciales sobre los recursos naturales y permitirá incrementar de manera significativa los ingresos vinculados a la generación hidroeléctrica. Según explicó, el nuevo esquema podría elevar la recaudación hasta los 40 millones de dólares por año, además de habilitar el cobro de parte de la retribución en especie a través de la empresa provincial EDHIPSA.
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En la misma línea, el presidente del bloque oficialista, Facundo López, afirmó que se trató de la primera vez que la provincia estableció un canon específico por el uso de sus recursos hídricos. También remarcó que los fondos se destinarán a un fondo hidráulico provincial que financiará obras de saneamiento, mantenimiento de infraestructura y proyectos vinculados al agua en distintos municipios rionegrinos.
La oposición cuestionó el porcentaje y el alcance de la norma
Las críticas llegaron desde distintos bloques opositores y también desde entidades productivas. El legislador Leandro García advirtió que el texto dejó fuera otras formas de comercialización de energía y reclamó que la provincia cobre sobre la totalidad de los ingresos generados por las represas. Por su parte, Luciano Delgado Sempé cuestionó que el canon se limitara al 1%, cuando la legislación vigente permitía exigir hasta un 5% por la utilización del recurso.
La legisladora Magdalena Odarda rechazó la iniciativa al considerar que la discusión llegó después de la reprivatización de las centrales hidroeléctricas y sostuvo que la provincia resignó herramientas para defender sus intereses. También reclamó la recuperación de beneficios para los usuarios de la región y advirtió sobre el impacto social que generaron históricamente las represas. Desde el bloque PJ-Nuevo Encuentro, Daniel Belloso respaldó los cuestionamientos y transmitió las preocupaciones planteadas por productores, empresarios y consorcios de riego, que alertaron sobre posibles limitaciones en el cálculo futuro del canon.
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