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Bariloche | Pichetto defendió a Martini y cuestionó la acusación penal en el juicio por Techo Digno

Redacción - 18 marzo, 2026

El diputado declaró como testigo y afirmó que no existió perjuicio patrimonial, en un proceso que investiga presuntas irregularidades en fondos del programa habitacional.

El diputado Miguel Pichetto declaró en el juicio oral contra la exintendenta de Bariloche, María Eugenia Martini, y un exfuncionario municipal, en una causa que investiga el manejo de fondos del programa Techo Digno. Su exposición introdujo un fuerte componente político en un debate que hasta ese momento se concentraba en aspectos técnicos y contables.

 

Durante su testimonio, sostuvo que no existió un daño económico concreto al Estado y planteó que el programa no puede evaluarse bajo los parámetros tradicionales de la obra pública. Definió el esquema como un sistema de subsidios directos entre Nación y municipios, con características distintas a los contratos habituales.

 

Cuestionamientos al encuadre de la causa

Pichetto explicó que el diseño del plan generó condiciones de ejecución particulares, con certificaciones de obra de carácter provisorio y sin valor financiero pleno. También señaló que los montos asignados resultaban insuficientes frente al contexto inflacionario y que no contemplaban obras complementarias esenciales como redes de servicios o movimiento de suelo.

 

En ese sentido, afirmó que la dinámica del programa obligaba a los municipios a adaptarse a un esquema incompleto, con redeterminaciones sujetas a decisiones discrecionales y sin mecanismos efectivos de actualización. Para el legislador, analizar la gestión sin considerar ese contexto implica una lectura parcial de los hechos.

 

Defensa de la gestión y crítica política

El exsenador respaldó la gestión de Martini, al señalar que el municipio cumplió con los requisitos y avanzó dentro de un escenario complejo. Además, relativizó la figura de peculado, al considerar que ciertas prácticas administrativas, como el uso transitorio de fondos o su colocación financiera, respondían a la necesidad de preservar recursos en un contexto de alta inflación.

 

También planteó que existió un trato desigual entre municipios según su signo político, al mencionar decisiones del gobierno nacional durante la gestión de Cambiemos que, según indicó, favorecieron a algunas administraciones y derivaron en denuncias en otros casos.

 

Una causa con dos lecturas

En su declaración, Pichetto sostuvo que el programa cumplió su finalidad social, al recordar que las viviendas se terminaron y que en Bariloche representaron las últimas soluciones habitacionales de ese tipo. Su planteo reforzó la idea de que las irregularidades deben analizarse en clave administrativa y no penal.

 

La fiscalía, en cambio, mantiene la acusación por defraudación y peculado, con foco en las rendiciones, la trazabilidad de los fondos y las demoras en las obras. El juicio continuará con peritos y funcionarios, en una etapa que definirá si las anomalías constituyen delitos o desajustes dentro de un programa excepcional.