Santa Rosa | La Justicia avanzó con el desalojo del predio scout tras la ruptura del grupo

La disputa por el predio del Grupo Scout San Francisco de Asís en Santa Rosa ingresó en una etapa judicial luego de varios meses de conflicto sin resolución. La Parroquia Nuestra Señora de Fátima presentó una demanda de desalojo contra el grupo N° 616, que continuó en el lugar tras romper vínculos con Scouts de Argentina y la Iglesia, en un contexto de cuestionamientos sobre su legitimidad para ocupar el espacio.

Ruptura, denuncias y cambio de escenario

El conflicto se originó a fines de 2024, cuando surgieron denuncias por el manejo institucional de menores y se registraron episodios de tensión que incluyeron agresiones verbales hacia el párroco. Esa situación derivó en la disolución del grupo original y en la salida del histórico Grupo Scout N° 307, que debió trasladar sus actividades a otro espacio.

A partir de ese quiebre, el predio quedó en manos de una organización que, según la documentación relevada, no cuenta con patrocinio religioso ni respaldo formal en el convenio de uso, firmado en 1993. La continuidad de la ocupación sin ese marco legal consolidó un escenario de irregularidad administrativa y conflicto abierto.

Intervención estatal limitada y judicialización

El caso fue informado al Ministerio de Desarrollo Social y a la Fiscalía de Estado, pero la única medida registrada fue la baja del comodato vigente, sin avances en una nueva concesión ni definición sobre el uso del predio. Esa falta de intervención aceleró la vía judicial y en septiembre de 2025 la parroquia inició el proceso de desalojo en el fuero civil, con la Provincia de La Pampa incorporada como tercero interesado.

Desde el grupo desplazado, familias y educadores señalaron que la ausencia de definiciones oficiales generó incertidumbre prolongada y advirtieron sobre el impacto en cientos de chicos y adolescentes que participaban de las actividades. También plantearon que dentro del predio circula información incompleta sobre la situación legal, lo que condiciona a las familias en medio de un conflicto que avanzará hacia una resolución judicial.